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Prestaciones sociales para

Prestaciones sociales para personas con trastorno mental grave

Lo primero es definir el alcance de esta perspectiva del tratamiento, para lo que hay que señalar que, en la intervención social, el concepto de rehabilitación hace referencia a la mejora de capacidades o habilidades, al conjunto de apoyos o condiciones necesarias para que una persona se mantenga con un nivel de funcionamiento determinado, incluyendo tanto el mejorar como el mantener o evitar una situación peor que se prolongue cuanto más temporalmente.

Su objeto de actuación no es sólo el individuo concreto que tiene una enfermedad mental grave de larga evolución, sino que abarca a la persona y su contexto. El trabajo rehabilitador se enfoca por tanto, además de hacia el usuario, hacia la familia, amigos, apoyos, entorno social y cualquier otro elemento relevante para cumplir los objetivos de intervención fijados en ese proceso individualizado.

Importancia de los recursos sanitarios y la coordinación con la atención social

Los Servicios de Salud Mental en cualquiera de sus formas, atendiendo a la particularidad de desarrollo en las diferentes Comunidades Autónomas (centros de salud mental, servicios de salud mental, equipos de salud mental, unidades de salud mental, o cualquier acepción similar) son el eje que articula la atención a las personas con enfermedad mental grave y por tanto los primeros y últimos responsables de los tratamientos y los que deben asegurar la continuidad de cuidados. Por tanto, los que deben encaminar a la atención con el resto de dispositivos sociales pero fundamentarlos en la atención específica de dar por confirmada que la atención se ha de realizar bajo este principio de continuidad.

Como definir la continuidad de cuidados

Los Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental están destinados a facilitar a la persona incluida en los mismos las prestaciones de tratamiento, rehabilitación, cuidados y apoyo comunitario más adecuadas a su patología y a su momento vital.

Esta continuidad de cuidados debe manifestarse a través de la articulación concreta de acciones que se pueden distribuir de forma general en los siguientes grupos de intervención:

  • Servicios o centros de salud mental
  • Servicios sociales generales o de base
  • Hospitales
  • Atención primaria de salud
  • Recursos específicos de rehabilitación en salud mental
  • Otros recursos que estén vinculados a la situación del usuario y que complementen sus necesidades de atención y promoción de la autonomía
  • Asociaciones de familiares y usuarios
  • Recursos normalizados

Definición de que es el sistema de prestación de servicios sociales

Es el conjunto de servicios y prestaciones que insertándose con otros elementos del Bienestar Social, tiene como finalidad:

  • – La promoción y desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar social y mejor calidad de vida, en el entorno de la convivencia.
  • – Prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión y marginación social.
  • – Todo ello a través de las estructuras y servicios públicos de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

Sistemas de protección social

En virtud de lo refl ejado en la propia Constitución, nuestro país es un Estado Social y de Derecho que garantiza a través de sus sistemas de protección ciertas garantías a sus ciudadanos a través de estructuras básica que garanticen derechos básicos, como la salud, el empleo o la vivienda a través de procesos de redistribución solidaria, fundamentados en las rentas del trabajo y las aportaciones de cada una de las personas. Este proceso se realiza a través de las estructuras que se fundamentan en Instituto Nacional de la Seguridad Social, que de forma directa o por transferencia competencial a las comunidades autónomas se encarga de la distribución de dichas prestaciones.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social es una Entidad Gestora adscrita al Ministerio de Trabajo e Inmigración, con personalidad jurídica propia, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema público de Seguridad Social y el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, con independencia de que la legislación aplicable tenga naturaleza nacional o internacional.

Sus competencias son el reconocimiento, gestión y control de prestaciones, que en el caso de una persona afectada por un Trastorno Mental Grave podría ser susceptible de los siguientes:

  • Jubilación: en el caso de que tenga los requisitos de cotización y de cantidades específicas vinculadas a la vida laboral del afectado.
  • Incapacidad permanente: de igual modo que en la jubilación pero en este caso sin haber superado la edad de la misma y concurrir dificultades concretas para el desempeño de un puesto de trabajo adecuado a su condición formativa, en el caso de que sea para el trabajo habitual, o para todo tipo de trabajo, en el caso de que no pueda desempeñar un rol laboral adecuado.
  • Muerte y supervivencia (viudedad, orfandad, en favor de familiares y auxilio por defunción): en los casos en los que la persona pierde un familiar y tiene reconocida la situación de que la legislación aplicable derecho a la prestación por orfandad, con independencia de la edad.
  • Incapacidad temporal: en caso de que la persona esté trabajando y necesite interrumpir temporalmente su empleo por concurrencia de una enfermedad.
  • Maternidad.
  • Riesgo durante el embarazo.
  • Prestaciones familiares (hijo a cargo, nacimiento de tercer o sucesivos hijos y parto múltiple (nivel contributivo y no contributivo).
  • Indemnizaciones económicas derivadas de lesiones permanentes no invalidantes.
  • El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.

Cada uno de las prestaciones que se detallan ha de entenderse como procesos complementarios a los establecidos en la atención sanitaria y que permiten ciertas garantías de protección a la persona afectada por un Trastorno Mental Grave, para permitir cierto grado de autonomía y solvencia social.

Es importante señalar la posibilidad implícita de reconocer la condición de discapacidad de una persona con un problema de salud mental en tanto que tiene mermada su condición de obrar, su capacidad y su autonomía. Estas dificultades se pueden reconocer a través de la adquisición, a través de los Servicios Sociales Especializados, de cada una de las comunidades autónomas, del correspondiente certificado de minusvalía. Esta condición viene refl ejada procedimentalmente en la Ley de Integración Social del Minusválido y que como proceso básico para su adquisición sería:

  1. Existencia de una enfermedad incapacitante, de reconocida cronicidad.
  2. Informe preceptivo de la misma por facultativo que realice apreciación diagnóstica y señale las dificultades específicas.
  3. Informe preceptivo de Trabajo Social que haga referencia a las dificultades y necesidades de concurrencia social o de apoyo de tercera persona, que valore el entorno de la persona y las consecuencias sociales de la patología concreta que afecta a la persona.
  4. Solicitud al órgano correspondiente de valoración de dicho caso. Los equipos de los Centros Base de los servicios Sociales serán los que recojan la demanda. El equipo de valoración competencial en cada comunidad autónoma elevará el correspondiente dictamen y la persona tendrá la condición reconocida de minusvalía, de forma temporal o definitiva.

En virtud de este reconocimiento, la persona afectada por un Trastorno Mental Grave, puede beneficiarse de otros sistemas de cobertura social:

  • – Si el porcentaje es superior al 33 % de minusvalía tendrá reconocida la condición, y podrá disponer de ventajas de índole fiscal.
  • – Si su condición de discapacidad supera el 65 %, y no ha cotizado suficiente tiempo como para tener una prestación contributiva, podrá disponer de una renta económica de carácter no contributivo, fijada por cada comunidad autónoma.

El marco de referencia de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, reconoce entre sus principios la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación. De igual modo reconoce en la propia definición de la situación de dependencia las características concretas de las personas que pertenecen al colectivo de afectados por una enfermedad mental señalando que dependencia es “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”. La valoración y el acceso a estas prestaciones está regulado por cada Comunidad Autónoma.
(http://www.segsocial.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/
InstitutoNacionalde29413/index.htm
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Funciones de los profesionales de los servicios sociales

Algunas competencias que se atribuyen a las profesionales de los servicios sociales y que sirven de articulación con los espacios sanitarios serían:

  • Llevar a cabo tareas de valoración e intervención social con los usuarios derivados y sus familias.
  • Realizar las coordinaciones con los diferentes recursos de la red socio-sanitaria (Servicios Sociales Generales, dispositivos formativos, laborales, etc.).
  • Asistir y formar parte de las Comisiones de Rehabilitación de la zona de referencia si éstas existen.
  • Participar en los grupos de trabajo del de cada uno de los espacios definidos
  • Realizar la evaluación de las familias, dentro del protocolo de evaluación de cada dispositivo.
  • Llevar a cabo los seguimientos de los usuarios asignados.
  • Informar y orientar a los usuarios sobre recursos, especialmente los que supongan una mayor normalización e integración: formativos, laborales, educativos, de ocio...
  • Detectar nuevos recursos y encargarse de la recopilación de los ya existentes.
  • Coordinarse con las Asociaciones de Familiares y Usuarios de las Áreas de referencia del Centro de Rehabilitación, así como con otro tipo de asociaciones de participación ciudadana.

Normativa especifica

  • LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. (BOE nº 80, de 3 de abril de 1985) por la que se hace referencia a las competencias específicas de atención ligadas a las administración de ámbito local : ayuntamientos, comarcas, mancomunidades, cabildos, provincias y otro tipo de estructuras administrativas de similar constitución)
    http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?
    coleccion=iberlex&id= 2003/03596
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  • LEY de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (con especial referencia a las personas con problemas de salud mental) Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
    http://www.imsersomayores.csic.es/landing-pages/ley-autonomia-personal.html Abre nueva ventana
  • LEY 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos.
    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l13-1982.html Abre nueva ventana